Hoy sacamos en El País un reportaje sobre los llamados minerales de conflicto de la República Democrática del Congo (RDC). Lo trabajé durante mi estancia en Goma, en la zona este de la RDC, entre noviembre y diciembre del año pasado. Y luego lo completé con más trabajo documental y más entrevistas desde Nairobi.
Por motivos de espacio, parte del texto original se ha quedado sin aparecer. Así que copio aquí el reportaje original entero por si a alguien le pudiera interesar. Incluyo también más enlaces para quien quiera leer más sobre el tema.
La zona este de la República Democrática del Congo (RDC) es de una belleza natural exuberante. Sin embargo, sus montañas, bosques y volcanes esconden otro atractivo menos agradable para la vista pero más útil para el bolsillo: una riqueza mineral extraordinaria.
En las numerosas minas esparcidas por la región de los Kivus, hombres, mujeres y niños excavan con sus manos o con herramientas muy básicas, durante larguísimas jornadas, en ocasiones 300 metros bajo tierra con apenas seguridad. Por esto suelen cobrar algo menos de un dólar al día.
Buscan minerales con nombres exóticos pero de una realidad muy cercana: el famoso coltán, la casiterita y la wolframita. De ésta se obtiene tungsteno, usado en los filamentos de las bombillas, en los componentes que hacer vibrar los teléfonos móviles y en ciertos tipos de misiles. El tantalio del coltán y el estaño que se extrae de la casiterita –actualmente más rentable que el coltán- son necesarios para la producción de casi cualquier aparato electrónico moderno, desde armamento a ordenadores y tabletas pasando por máquinas para hospitales.
Para los habitantes de la región, esta riqueza mineral ha demostrado ser una maldición para la que parece no haber cura. Varios grupos armados congoleños, ruandeses y ugandeses siguen presentes en los Kivus tras la guerra que asoló la RDC entre 1998 y 2003 y que provocó la muerte de unos 4,5 millones de personas.
Estos grupos obligan a las poblaciones locales a trabajos forzados en minas bajo su control, extorsionan a los mineros mediante impuestos ilegales o directamente se quedan con parte de los minerales que éstos encuentran. El propio ejército congoleño, corrupto y mal pagado, participa de estas actividades. Los que proceden de estas minas son los llamados minerales de conflicto o de sangre.
Los minerales de los Kivus salen de la RDC a través de los comptoirs (mostradores, en francés) de Goma y Bukavu. Los comptoirs son empresas registradas legalmente que compran los minerales a las minas o a intermediarios y los exportan a empresas internacionales, que los funden y refinan y los dejan listos para su uso industrial.
“No sé de ninguna mina en los Kivus en la que grupos armados no tengan alguna influencia”, asegura Dominique Bikaba, director de Strong Roots, una ONG congoleña que trabaja con comunidades rurales. “Quizá no estén totalmente involucrados pero siempre hay soldados alrededor y, en cuanto pueden, aprovechan para extorsionar o quedarse con minerales”, añade.
La ONG británica Save the Congo calcula en 85 millones de dólares anuales los beneficios de los grupos armados por el comercio de estaño (de la casiterita) y en 8 millones por el comercio de tántalo (del coltán).
Probablemente, el mayor beneficiado es el general Bosco Ntaganda, líder de una antigua milicia rebelde hoy integrada en el ejército congoleño. Ntaganda, sobre quien pende una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, controla el tráfico ilegal de minerales hacia Ruanda, lo que le reporta unos 15.000 dólares semanales, según detalla un informe (pdf, 14 megas) publicado en enero por el Grupo de Expertos en la RDC de Naciones Unidas.
Otro de los grandes beneficiados es Ntabo Ntaberi Sheka, comandante del grupo rebelde Mai Mai Sheka. Naciones Unidas lo nombró responsable de haber organizado las violaciones en julio y agosto de 2010 de al menos 387 personas, incluyendo niñas y niños, en la zona de Walikale en Kivu Norte, una de las más ricas en minas. Sheka, que financia su milicia gracias a los minerales de Walikale, se presentó a las elecciones parlamentarias del 28 de noviembre, aunque finalmente no ha resultado elegido. En caso contrario, habría conseguido inmunidad como diputado.
“Cuando Sheka aparece, nos pide comida o 10 dólares a cada uno de los que estamos allí. Y cuando te piden dinero con un fusil, ¿cómo te vas a negar?”, dice con una sonrisa amarga Christophe Bahati, un négociant o intermediario que comercia con casiterita procedente de Walikale. El informe de la ONU corrobora éste y otros métodos de extorsión por parte de Sheka, aunque señala que las cantidades de dinero exigidas son mayores.
Tanto las autoridades congoleñas como actores internacionales han intentado mejorar esta situación pero con escasos y discutibles resultados, según confirma el informe de Naciones Unidas.
Entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, el Gobierno prohibió la minería en los Kivus con el objetivo de desmilitarizar las minas. Sin embargo, los únicos resultados visibles fueron que muchos mineros perdieron su única fuente de ingresos y que parte del comercio de minerales pasó al mercado negro.
Por otro lado, la EICC, una coalición internacional de empresas de la industria electrónica, anunció entonces que en abril de 2011 dejaría de comprar materiales que no pudiesen demostrar que no incluían minerales de conflicto congoleños. La EICC está formada por las principales empresas de esta industria, como Apple, HP, Philips o Sony.
Pero esto dejó un pequeño resquicio: cuando el Gobierno congoleño levantó su prohibición en marzo, “los comptoirs se apresuraron a exportar minerales procedentes del este de la RDC antes de la fecha tope del 1 de abril”, según el informe de la ONU.
La “Ley Obama” y los minerales de conflicto
La EICC tomó su decisión debido a la Dodd-Frank Act, una normativa estadounidense que exige a empresas registradas en este país desvelar si han hecho todo lo posible para asegurarse de que no utilizan minerales de conflicto congoleños. Curiosamente, esta norma fue creada en un principio para regular las instituciones financieras de Estados Unidos.
Desde abril hasta ahora, la producción y exportación oficial de minerales de los Kivus ha descendido notablemente. Aunque, de nuevo y según el informe de la ONU, la parte de la producción y comercio que acaban en el mercado negro ha vuelto a aumentar.
El informe documenta cómo sólo entre mayo y agosto llegaron a Goma 947 toneladas de casiterita. “Sin embargo, las exportaciones oficiales desde Goma en el mismo periodo ascendieron a 361 toneladas, y salieron en su mayor parte hacia China, lo que dejaba 586 toneladas de mineral de estaño sin justificar”, dice el informe. Las autoridades mineras congoleñas consideran que la mayor parte de estos minerales abandonó la RDC ilegalmente a través de Ruanda.
“Los que más se están beneficiando de la ‘Ley Obama’ (la Dodd-Frank Act) son los chinos”, dice Bahati a las puertas del comptoir Huaying, cerca del centro de Goma. Diversas empresas chinas no preguntan sobre su procedencia y son las mayores compradores de minerales de los Kivus desde abril. De hecho, el comptoir Huaying es de propiedad china y es uno de los pocos que oficialmente siguen funcionando en Goma.
Expertos congoleños están divididos sobre las consecuencias de la Dodd-Frank Act. “Compañías como Apple o HP no pueden asegurarse que sus materiales no tengan estos minerales y directamente dejan de comprar, pero dos tercios de los ingresos del Gobierno por exportaciones vienen de los minerales. Si este comercio muere, ¿de dónde sacará el Gobierno el dinero?”, se pregunta indignado Aloys Tegera, director del Pole Institute, una organización académica congoleña.
Tegera admite las malas condiciones en las minas y el que los grupos armados se benefician con estos minerales, pero señala que entre 10 y 16 millones de congoleños viven directa o indirectamente de la minería y que la falta de trabajo los hundirá aun más en la pobreza o los arrastrará al comercio ilegal.
Otros, como Isaac Mumbere, del Centro de Investigación sobre el Medio Ambiente, la Democracia y los Derechos Humanos (CREDDHO), y Fidel Bafilemba, del Enough Project, consideran que la Dodd-Frank Act es positiva.
“Yo soy congoleño y sé que esta ley no es de mi país pero me gusta porque es buena, porque puede poner fin al negocio de los minerales de conflicto en la RDC”, comenta Bafilemba.
Mientras tanto, estos minerales siguen vendiéndose de una forma u otra y los perjudicados por este comercio son los de siempre: la población civil de una de las zonas más ricas en recusos naturales del planeta.
