Fue ayer cuando conocí a Fabian. Es un hombre no muy alto y de sonrisa fácil. Tiene una cara simpática y, a pesar del calor, viene al trabajo con pantalones de traje y una camisa de manga larga. Fabian suda constantemente y lleva un pañuelo en el bolsillo que se pasa por la cara cada pocos minutos. Le gusta hablar y, en ocasiones, cuando te está contando algo importante o que él considera una confidencia, te coge del brazo y te mira fijamente con sus ojos enrojecidos mientras baja la voz.

“Un grupo llamado ‘Niggers’ solía ir por la ciudad matando a la gente. Fueron arrestados y torturados y la policía los obligó a que señalaran a sus secuaces por la calle, y fue entonces cuando señalaron a Alphonse”, me dice Fabian en voz baja. “¡Pero él es inocente, y además es un niño!”, se exalta. “Así que lo llevamos al médico y el doctor dijo que tenía 14 años, y ahora estamos intentando cambiar oficialmente su edad para quitarle la condena a muerte”. En enero de 2010, Sudán cambió sus leyes y aumentó de 15 a 18 años la edad mínima para que un criminal pueda ser sentenciado a muerte.

En Juba y Jartum, la gente llamaba “Niggers” a grupos de jóvenes más o menos organizados que cometían robos y asesinatos y empezaron a aparecer en el país en 2008. Pero ya apenas se oye hablar de ellos.

Alphonse fue arrestado el 10 de agosto de 2009 y, en un principio, estaba alojado con el resto de menores en la cárcel. Cuando finalmente el juicio tuvo lugar en octubre de 2010, fue sentenciado a muerte junto con otros presuntos “Niggers” y, desde entonces, se encuentra en el ala de los condenados a muerte. Aunque durante el día es libre de moverse por el patio que comparten todos los presos, Alphonse lo ha de hacer arrastrando la cadena que une los grilletes de sus tobillos y que apenas le deja caminar. Los condenados no tienen fecha de ejecución y es el presidente del gobierno de Sudán del Sur, en la actualidad el ex líder rebelde Salva Kiir Mayardit, quien decide con su firma cuándo un prisionero ha de ser ahorcado. Fue ese mismo mes de octubre de 2010 cuando Fabian consiguió el informe médico que confirma que Alphonse tiene 14 años. Pero ni el director de la prisión ni el juez aceptaron el documento y es por eso que Fabian tiene que conseguir un certificado de la Comisión médica, algo que no ha hecho hasta ahora.

“Fabian, tengo que entrevistar a Alphonse y a los demás menores”, le digo por enésima vez. “Mmm, más tarde, o quizá mañana o pasado”, me responde él a mí por enésima vez y sigue hablando sobre los niños encarcelados. “En teoría, los menores deberían estar en el reformatorio de Lologo, donde además irían a la escuela, pero el edificio fue destruido durante la guerra y aún no ha sido renovado, por eso tenemos a los menores aquí junto con los adultos”. Hace más de seis años del final del conflicto.

Hace casi tanto calor y hay casi tantas moscas en la pequeña oficina como fuera. Aparte de la de Fabian, hay otras dos mesas: una es para Betty, la asistenta social, que apenas habla inglés y no responde a mis preguntas. Y en la tercera mesa, dos funcionarios acaban de poner en marcha un viejo ordenador que la ONU ha donado a la cárcel e intentan sin mucho éxito usar el programa Word. Fabian aprovecha y revisa unos papeles: todos los informes y documentos están en papel y manuscritos en una mezcla de inglés y árabe. Junto a Fabian, en la misma mesa, se siente James, un joven de 28 años aliado de Fabian y encargado de las cuentas de esta oficina de los menores y la libertad condicional.

Le pregunto sobre los papeles que está mirando y Fabian me explica que, además del de Alphonse, hoy tienen otro caso entre manos. “El 31 de agosto, seis chicos fueron arrestados. La ley dice que tienen que ser llevados ante el juez en un máximo de 20 días, así que el 19 de septiembre se renovó su arresto pero llevan desde entonces en la cárcel y no han vuelto a ver al juez”. Fabian me cuenta que ha escrito un informe y quiere llevarlo al Tribunal Supremo junto con los informes del arresto. Le pregunto que si puedo ir al tribunal con él y me dice que de acuerdo.

“¿Y qué hicieron estos chicos?”, pregunto. “Uno entró en una casa, robó 600 libras (unos 175 euros), fue arrestado, lo torturaron, lo llevaron a la calle para que señalara a sus compinches y él señaló a otros cinco, que también fueron arrestados”, responde Fabian con normalidad. “¿Lo torturaron?”, repito yo. Fabian me coge del brazo y se ríe: “Claro, aquí eso es normal, los policías torturan a los arrestados para que digan la verdad, les pegan, los queman, los cuelgan boca abajo…”, relata él con naturalidad. “¿Le hicieron eso a un niño?, ¿y el juez lo sabía?”, le sigo interrogando yo. Fabian vuelve a reír y me responde: “Lo hacen con todo el mundo y si el juez pregunta, los policías le dicen que es la única forma de que los arrestados digan la verdad”. “¿Y qué hacéis vosotros cuando os traen a gente con heridas por la tortura?”, le pregunto. “No, aquí no puede entrar nadie herido o enfermo, si alguien está mal, la policía lo lleva al hospital y sólo lo traen cuando está curado”.

Fabian vuelve al caso que lo ocupa hoy. “El chico al que pillaron robando es culpable, ¡pero los otros fueron arrestados sin pruebas!”, dice, “aunque, claro, cuando te torturan, tú dices lo que sea y acusas a quien sea para que paren”. Los seis menores, que llevan en la cárcel desde el 31 de agosto y aún no han ido a juicio, tienen 13 y 14 años, me dice Fabian.

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‘Condenado a muerte con 14 años’, serie completa en ocho posts: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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Versión más reducida y posterior publicada por ‘Domingo’ en El País el 2 de octubre de 2011: ‘A la horca con 14 años‘.